El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) recibirá hoy la segunda presentación realizada por el legislador José María Canelada, para que el organismo internacional tome conocimiento e intervenga en el caso de Paola Tacacho, realizando las advertencias que considere sobre la responsabilidad estatal o de cualquier otra índole en el femicidio de la joven. 

La misiva lleva adjuntada la autorización de María Fernanda Tacacho, madre de la víctima, para que el parlamentario pueda representarla ante CEDAW. "Paola vivió un infierno. Buscó ayuda pero lo único que encontró fueron puertas que se cerraban sin respuestas. Es necesario enviar mensajes de que esta pasividad de quienes deben dar respuestas ante el padecimiento de las víctimas no va a ser tolerada. El Estado debe demostrar que está dispuesto a ser garante de derechos y no cómplice de negligencias que cuestan vidas", advirtió el parlamentario radical sobre el pedido.

Además de realizar un raconto de las 14 denuncias realizadas por Tacacho ante la Justicia de Tucumán, Canelada reiteró su pedido para que CEDAW recomiende particularmente que el gobernador Juan Manzur no acepte la renuncia del magistrado Juan Francisco Pisa, a quien Canelada inició un pedido de juicio político por haber absuelto al acosador y posterior femicida, Mauricio Parada Parejas. "Esto, en conjunto con todas las fallas posteriores del sistema judicial culminó con el femicidio de Paola Estefanía Tacacho", se argumenta en la nota.

"La forma en que el juez Pisa dirigió la investigación y sobreseyó al imputado Mauricio Parada Parejas evidencia a todas luces un incumplimiento de las disposiciones de la CEDAW como también de la Ley nacional N° 26485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales). Aún cuando existiere la posibilidad de un procedimiento judicial posterior con buena carga probatoria aportada en el proceso de jurado de enjuiciamiento, el solo hecho de que el titular del Poder Ejecutivo provincial acepte la renuncia del juez cuya actuación sin debida diligencia tuvo como consecuencia la muerte de una mujer, constituye una transgresión al espíritu y las disposiciones del artículo 2 de la CEDAW", argumentó el parlamentario.

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