Las asociaciones que asisten a la mujer alegaron ante la corte europea que el estado francés había ejercido «injerencia en la vida privada» y «violación a la integridad física», según informa la agencia ANSA.

La Corte de Apelaciones de Versalles había sancionado a la mujer en 2019 porque se negaba a tener relaciones sexuales con su marido.

Los jueces decretaron el divorcio por culpa exclusiva de la mujer, sobre todo por tal motivo, considerando los hechos «confirmados por la esposa y que constituyen una violación grave y repetida de los deberes y obligaciones del matrimonio, que hacen intolerable continuar la vida en común».

La decisión de la Corte de Apelaciones fue confirmada por la Cámara de de Casación.

Las dos asociaciones que asisten a la mujer, la Fundación de las Mujeres y el Colectivo Feminista contra el Estupro, condenaron el hecho de que la justicia francesa «continúe imponiendo el deber conyugal, negando así el derecho de las mujeres de consensuar o no la relación sexual».

Las dos asociaciones recuerdan que «en el 47% de los 94.000 estupros e intentos de violencia sexual que se registran cada año, el agresor es el cónyuge o ex cónyuge de la víctima».

«El matrimonio (concluyen las dos asociaciones que piden la condena de Francia) no debe ser una servidumbre sexual».

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