En la ciudad de Río Tercero, Córdoba, los participantes de fiestas clandestinas son demorados e identificados por la Policía. Luego se les impone una sanción, que en dicha ciudad cordobesa pueden cumplir realizando trabajos comunitarios, de acuerdo a una resolución del municipio local que comenzó a implementarse esta semana.

En Río Tercero, localizada en el departamento Tercero Arriba del valle de Calamuchita, no se dictó una norma específica para la pandemia, sino que se aplican multas a las infracciones contempladas en el Código de Faltas Municipal que rige desde 2007.

El mismo sanciona con multas de entre $40.000 y $200.0000, arresto, trabajos comunitarios y asistencia a cursos educativos a quienes transgreden las disposiciones sanitarias y de seguridad e higiene, entre otras conductas que afecten a la sociedad y a las instituciones, tanto públicas como privadas.

Debido a las constantes fiestas en la ciudad, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer (UCR), resolvió extender la norma a las fiestas clandestinas y dar lugar a la posibilidad de tareas comunitarias para quienes participen de eventos clandestinos. En consecuencia, los infractores pueden optar por abonar la multa o permutar por esta clase de trabajos.

Ferrer dijo a Télam que de esta manera se pretende es “prevenir y concientizar sobre la necesidad de la responsabilidad social ante un contexto sanitario complicado”, en este caso a través de “medidas ejemplificadoras, disuasivas y de escarmiento”.

“No se persigue un fin recaudador, sino la concientización a través del trabajo comunitario porque observamos que a pesar de las multas, hay conductas que se repiten, particularmente en los jóvenes”, aseguró el intendente.

Esta semana, siete adolescentes que participaron en una fiesta ilegal reciente ya optaron por las tareas comunitarias, que son asignadas por el Departamento de Recursos Humanos. Los jóvenes se ocuparon del barrido de veredas, de arreglos de plazas y de la recepción de vecinos en el vacunatorio. Otros pintaron los cordones cuneta de la ciudad. Todo en plazos de entre 10 y 15 horas de trabajo, divididos hasta en siete jornadas.

Ferrer detalló que la norma legal establece que la imputabilidad alcanza a los mayores de 16 años, y que en el caso de las infracciones cometidas por los menores de 16 la responsabilidad del cumplimiento de las sanciones recae sobre los padres, tutores y representantes legales.

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