Se trata de una modificación al régimen contravencional que prevé hasta 90 días de arresto o 90 días multa para las personas que acosen sexualmente en espacios públicos o con acceso público.

"El trágico caso de Paola Tacacho reavivó la discusión sobre esta deuda que tenía la Legislatura. Nueve de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de hostigamiento, humillación o maltrato en lugares públicos. Hoy la Legislatura decidió poner fin a esto", exclamó Canelada.

La nueva norma entiende por acoso sexual a todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido por una o más personas en contra de otra u otras sin su consentimiento, acciones que afecten la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física y moral de las personas, sin distinción de sexo, identidad u orientación sexual.

Además, prevé agravantes para los casos en que el acoso sea realizado por dos o más personas, si la víctima tiene menos de 19 años o más de 60, o si el acto está basado en la desigualdad de género.

"Nadie puede ofender, humillar o intimidar a otra persona, esto tiene que quedar clarísimo. Una inmensa cantidad de mujeres ha tenido que cambiar su forma de vestimenta o el camino de sus recorridos habituales por este tipo de acosos, algo inaceptable. Era hora de ponerle un freno a estos acosadores que se creen impunes", apuntó el parlamentario.

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