En las últimas horas se llevó a cabo una audiencia para tratar una propuesta de suspensión de juicio a prueba (probation),  en el marco de una causa encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira. En la misma se imputó a ocho personas (en su mayoría, familiares) como coautores del delito de usurpación de propiedad por despojo. El conflicto se originó a raíz de la muerte, a fines del 2020, de un conocido dirigente gremial y deportivo y de su esposa, quienes residían en un inmueble ubicado en calle Salas y Valdez al 1900, en Yerba Buena.

La auxiliar de fiscal, Julieta Molé, explicó cuáles eran los puntos de la salida alternativa a la que arribaron en forma conjunta con la defensa técnica de los acusados, quienes también expresaron su conformidad. Bajo la aprobación de la jueza actuante, en esta oportunidad se resolvió suspender la acción penal por el plazo de 18 años. Cada uno de los imputados se comprometió a pagarle a la víctima, en concepto de reparación, la suma de $100.000 (es decir, un total de $800.000). 

A su vez, deberán realizar tareas comunitarias consistentes en donaciones en beneficio del Hogar San Roque, ubicado en avenida Ejército del Norte al 1900, las cuales deberán hacerse efectivas en el término de diez días: 100 conjuntos de abrigo (campera y pantalón), 100 zapatillas, 100 juegos de sábanas, 100 acolchados, 100 frazadas, 100 juegos de toallas y toallones. Por último, se fijaron una serie de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a las víctimas y a sus domicilios en un radio de 200 metros.

La magistrada advirtió que, ante el incumplimiento de alguna de estas pautas, se procederá a la revocación de la probation. En tanto que afirmó que el derecho de propiedad, posición o tenencia del inmueble deberá dirimirse en el ámbito de la justicia Civil.

Los hechos imputados

Primer hecho

Ocurrió el 27 de diciembre del 2020, al mediodía, en un inmueble ubicado en Salas y Valdez al 1900, Yerba Buena, de titularidad de dos hermanas. Allí residían, con consentimiento de ellas, la víctima (el casero) junto con la madre de las hermanas y su esposo, estos dos últimos fallecidos en noviembre y diciembre del 2021. Aprovechándose de esa situación, los acusados (hijos y nietos del primer matrimonio del marido fallecido) ingresaron sin autorización mediante violencia, cambiando la cerradura de la puerta de acceso. Ante este hecho, la víctima, quien se desempeña como cuidador del inmueble y residía hasta el momento del hecho en una casa ubicada en el fondo de la propiedad, comunicó esta situación a las dueñas, quienes procedieron a cambiar la cerradura.

Segundo hecho

El 29 de diciembre del 2020, a las 9:00 horas, en el mismo inmueble, los ocho acusados nuevamente despojaron al cuidador de la propiedad de manera violenta, a través de una llave cruz. Rompieron los portones de ingreso y forzando con violencia las puertas de entrada a la vivienda principal, para luego ingresar a la casa del fondo donde residía la víctima junto a su familia (una mujer y una bebé). Mediante amenazas coactivas, los despojaron del lugar, quedando todas sus pertenencias allí.

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