La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, de feria, del Ministerio Público Fiscal (MPF), que conduce Ernesto Salas López, realizó este viernes una audiencia de prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo Miguel Antonio “Gata” Lizárraga.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, pidió la extensión de las medidas de coerción de máxima intensidad por el plazo por 4 meses, las que fueran autorizadas por la jueza interviniente. Previo a su exposición, el investigador del MPF dijo que hay un requerimiento de apertura a juicio, del 8 de julio, que se está sustanciando y que la causa ha sido declarada como asunto complejo (por ello el plazo solicitado).

La pretensión punitiva provisoria es de 23 años para Lizárraga, acusado por los delitos de asociación ilícita, robo simple, robo calificado por efracción, resistencia a la autoridad y encubrimiento. 

Entre los riesgos de fuga y el entorpecimiento de la investigación, el representante del MPF mencionó: “La pretensión punitiva provisoria es de 23 años de prisión.

En cuanto a las características del hecho, se trata de una organización criminal destinada a la realización de determinadas conductas que han sido rotuladas como industria del escruche. A Lizárraga se le atribuyó ser el jefe de esa asociación ilícita a través de la logística que proveía a este grupo de personas, la capacidad de traslado y de ocultar los bienes que habían sido sustraídos. Se valoró la importancia del daño a resarcir (que oscila entre 40 y 50 millones de pesos) donde incluso hay dos parientes (el hijo y su hermano) detenidos”.

Finalmente, Fernández agregó: “se ponderó una actitud del 8 de mayo de 2021, donde hubo una persecución policial donde se encontraba Lizárraga junto a otras personas y lejos de acatar esa orden hubo un intercambio de disparos contra ellos. Ha demostrado una circunstancia que podemos rotular como de prefuga”.

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