La asociación ilícita es uno de los delitos por lo que la banda liderada por Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga irá a juicio oral y público. Luego de varias jornadas de debate, este jueves 23 de marzo finalizó la audiencia de control de acusación y admisibilidad de pruebas donde el titular de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal, Diego López Ávila, se refirió a los ofrecimientos probatorios. “La Gata” está acusado por ser jefe y por perpetrar 20 hechos. La pretensión punitiva es de 23 años. También están imputados su hermano y su hijo, Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga y Juan de Dios López; Luis Ricardo Carreras; Cristian Nicolás Caro y Walter Ernesto Caro, respectivamente.  

Sobre el accionar de la banda, el Fiscal explicó: "Aquí hubo un plan criminal que se mantuvo en el tiempo por una serie indeterminada de sujetos. Existe una pluralidad de delitos planeados en esta asociación donde se cometieron una multiplicidad de ilícitos en cumplimiento de un plan delictivo determinado en el que los hechos concretos no se han agotado en sí sino que trascienden hacia la asociación”. Asimismo subrayó la multiplicidad de hechos, la cantidad de víctimas, la suma millonaria, los lugares vulnerados y la violencia con la que operaron en contra del personal policial, utilizando en algunos casos, armas de fuego y atentando contra ellos.

Finalmente, la jueza actuante, María Soledad Hernández, no hizo lugar a las objeciones por defecto formal, incongruencias, nulidad y pedidos de sobreseimientos por parte de los defensores. En atención a la naturaleza del delito y la pena en expectativa se determina la intervención de un tribunal colegiado. 

La acusación 

En forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer asaltos contra la propiedad, ingresando a inmuebles tanto comerciales como a viviendas que se hallaban temporalmente sin moradores, violentando los ingresos a dichos lugares apoderándose de joyas, dinero en grandes cantidades, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros, provocando con ello un grave perjuicio patrimonial a las víctimas.

Como medio para lograr esa finalidad, se valían de distintas actividades ilícitas o maniobras, así los integrantes de la asociación procuraban en forma constante y continua obtener automóviles tendientes a ser utilizados como medio de movilidad en esos hechos delictivos, siendo que los rodados generalmente se encontraban registrados a nombre de personas con residencia en otras provincias, como ser Córdoba o Buenos Aires, otros eran adquiridos mediante boletos de compra-venta o mediante una transacción informal (sin documentación o sin efectuar la correspondiente transferencia), o eran registrados como titulares familiares o allegados de los integrantes, o sino utilizaban rodados cuyas patentes habían sido adulteradas y no se correspondían a su dominio (rodados con patentes truchas), todo ello con el afán de dificultar que los miembros de la organización pudieran ser descubiertos.

Luego que los rodados adquiridos habían sido utilizados en algún hecho ilícito cometido por los integrantes de la asociación, los miembros de la misma tenían como parte de su plan criminal, deshacerse de los rodados, ya sea vendiendo los mismos a otras personas ajenas a la asociación, devolviéndolos de la concesionaria donde habían sido obtenidos o modificando sus características exteriores para evitar que pudieran ser hallados (como ser cambiar el color del polarizado, el color del vehículo, etc).

Otro de los objetivos delictivos de esta asociación era la utilización de armas de fuego para lograr los desapoderamientos mencionados. Los integrantes de la asociación también perseguían el propósito de actuar con total indiferencia a la autoridad policial, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por los efectivos policiales e incluso atentando contra ellos.

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