Este martes, 30 de octubre, se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en barrio Alto Verde 1, de Cevil Redondo, Yerba Buena. Por pedido del Ministerio Público Fiscal a través de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad, que subroga el fiscal Carlos Saltor, la jueza del Colegio de Jueces de la Capital autorizó la medida procediendo al secuestro de tres teléfonos celulares y una notebook en el marco de la causa por amenazas de bomba en el Colegio San Patricio de Yerba Buena, ocurrido el jueves 24 de agosto del corriente año, a las 09:30 horas. Además del personal de la Fiscalía participó la División de Delitos Telemáticos de la policía. 

De acuerdo a la denuncia realizada por la vicedirectora del establecimiento, la secretaria de administración visualizó que en el correo electrónico del colegio recibieron un correo intimidante sobre la colocación de tres explosivos en tres sectores de la institución.  

Tareas investigativas 

Previo a la creación de Fiscalía en Cibercriminalidad (ver abajo), el lunes 28 de agosto la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, libró oficio a la empresa Google solicitando información acerca de la cuenta de correo electrónico usada para enviar el mail referido, cuyo informe fue remitido el lunes 4 de septiembre del cual surge que se pudo identificar que fue creado un día antes de la amenaza. Ante el pedido de la UFI la empresa prestataria de internet identificó al usuario (domiciliado en barrio Alto Verde 1).

Sobre la creación de la Fiscalía Especializada

El ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, puso en marcha la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad en el Centro Judicial Capital, la que se encuentra operativa desde el pasado lunes 2 de octubre. "Por decisión del Ministro, esta Fiscalía empezó a funcionar con dos tipos de delitos, primero, con las amenazas de bomba (intimidación pública) y, segundo, con las estafas informáticas o virtuales. La Cibercriminalidad aumenta día a día en forma exponencial y el Ministerio Público no puede estar ajeno. Tiene que acompañar esta situación porque este tipo de perfil criminológico es complejo. Hablamos de gente capacitada y estudiosa, lo cual, los vuelve extremadamente peligrosos, en particular, para las personas más vulnerables como son las personas mayores.

Estos delincuentes aplican técnicas de ingeniería social para sacar información y conducirlos al error (sobre un nuevo esquema de vacunación, extraen datos y los dirigen a un cajero, por ejemplo)”, describió el fiscal Saltor. “Es un desafío muy importante, fundamentalmente, para el Ministerio Público con lo que tiene que ver con la capacitación de sus recursos humanos que van a atender estos ilícitos y, por supuesto, tratar de dar respuestas a la sociedad, que cuando una persona sufre este tipo de delitos no sabe a dónde ir y cómo actuar. Tenemos que trabajar muy fuerte con las áreas de defensa del consumidor porque aquí también hay bancos, instituciones y empresas de pago que tienen que hacerse cargo de la responsabilidad social y empresarial que tienen de acompañar a sus clientes cuando sufren estas cuestiones”, agregó el titular de la Unidad.

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