El gobierno avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas) y para eso considera retirarle el subsidio a los grupos familiares si alguno de sus integrantes tiene un auto o moto de menos de 5 años de antiguedad. Esa es la propuesta que presentarán en las audiencias públicas que se realizarán el 29 de febrero, en el marco del objetivo de achicar los gastos públicos. Hasta el momento esto mismo ocurría pero con vehículos con menos de tres años.

La información surge de los documentos publicados por la Secretaría de Energía, que servirán como sustento para la audiencia pública por la segmentación de tarifas y subsidios. Allí se presentará y pondrá a discusión la nueva "Canasta Básica Energética", una herramienta para obtener mejor eficiencia y focalización en la ayuda del Estado nacional a los hogares.

Hasta el momento, el criterio de exclusión vigente por la segmentación puesta en marcha en agosto de 2022 es que las personas que tengan a su nombre 3 o más vehículos automotores con menos de 5 años de antigüedad no tendrían subsidios y quedarían catalogadas como "Nivel 1" (N1, "ingresos altos") en su hogar.

Otros criterios patrimoniales que implicarían una eliminación de las subvenciones estatales son: si dentro del grupo conviviente hay personas con al menos una aeronave o embarcación a su nombre o si tienen dos o más inmuebles registrados.Por el lado de los ingresos, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó que el Estado únicamente pondría la diferencia cuando los hogares destinen más del 10% de sus ingresos a pagar la electricidad y el gas natural por redes, lo que determinaría una "pobreza energética". Resta ver cómo se aplicaría también a las garrafas.

El gobierno promete cruzar múltiples bases de datos para validar la información que provean los usuarios que soliciten subsidios. Por ejemplo, datos sobre fallecidos, pensiones no contributivas, jubilaciones, pensiones, programas sociales, empleo, inmuebles, registros de embarcaciones, padrón de automotores, aeronaves, certificados de discapacidad y electrodependientes.

También buscará datos sobre el cobro de seguros de desempleo, obras sociales y prepagas, seguros de salud, asignaciones familiares, “vivienda social”, sociedades y personas jurídicas, alumnos del sistema educativo, becas y deudores del sistema financiero registrados por el Banco Central (BCRA).

Con todo, será un desafío chequear en poco menos de dos meses millones de datos en un país con alta informalidad laboral y con un sistema que, por lógica, tiende a generar incentivos para la subdeclaración de ingresos y patrimonios, al igual que el actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), vigente desde hace un año y medio.

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