El gobernador, Osvaldo Jaldo, entregó 300 pulseras electrónicas y puso en funcionamiento un nuevo centro de monitoreo unificado de pulseras duales, GPS y E4 administradas por el 911 y la Dirección de Patronato. Se trata de una inversión de 6.350.400 dólares. 

En la ocasión, Jaldo expresó: "la provincia de Tucumán aborda con una gran responsabilidad a la problemática carcelaria", y destacó la inversión realizada en la adquisición de las 300 pulseras electrónicas adicionales como parte de las "decisiones conjuntas tomadas por los tres poderes del Estado en materia de seguridad y política carcelarias".

A su vez, el Gobernador destacó "el acompañamiento del Poder Judicial ante esta situación". Y enfatizó que "la política carcelaria de la provincia se ha centrado en la aceleración de obras de infraestructura para albergar a los detenidos, en respuesta a las decisiones judiciales".

Acompañaron al gobernador, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; y los vocales de la Corte Claudia Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofan; la presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT), Marcela Ruiz; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Mario Leal; el jefe de Policía, Joaquín Girvau; el subjefe, Roque Yñigo; el presidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano y el titular del IPLA, Dante Loza.

Además, estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, los legisladores y legisladoras: Carlos Najar, Gerónimo Vargas Aignasse, Francisco Gómez y Maia Martínez.

El titular del Poder Judicial, Daniel Leiva, quien "destacó la respuesta del Ejecutivo provincial para optimizar recursos y darle mayor posibilidad de abordaje a cada una de la situación" y agregó que "la incorporación de nuevas tecnologías y su implementación vamos a destacar la importancia de ello".

En su discurso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dio cifras que justifican la acertada decisión del gobierno. "En materia penal hemos cambiado muchísimo la forma y el paradigma de cambio desde el 2019 con la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), la forma de administrar los conflictos penales".

Leiva ejemplificó que "en lo que va del año, sin computar las causas del fuero penal, ingresaron al poder judicial alrededor 24 mil procesos o juicios y la mitad (12 mil causas) son del fuero de Familia. De ahí la mitad son de violencia, o sea una cuarta parte de las causas ingresadas están relacionadas con este tipo de delito.

En este sentido, se respaldó en números contundentes: "En 2017 pasamos de tener 560 causas concluidas, sea por condena o sobreseimientos, a 3070 en 2023, lo que significa un incremento del 600%".

Luego agregó: "Para que dimensionen la problemática, en lo que va del año tenemos dictados más de 1.000 prisiones preventivas y hemos dispuesto 600 condenas efectivas, por lo que con las pulseras podemos administrar esas situaciones".

El titular del Máximo Tribunal de Justicia cerró diciendo: "La dinámica que tomó la sociedad nos obliga al Poder Judicial a atender esa nueva requerimiento y cómo administramos los conflictos penales y violencia doméstica" por lo que la adquisición de más pulseras de rastreo, "es una herramienta muy útil para abordar mejor cada situación en particular" y estos tipos de medidas alternativas nos permitan no superpoblar cárceles o comisarias, pero será una decisión de cada magistrado, pero valoramos la decisión del Ejecutivo en materia de política carcelaria".

El ministro de Seguridad, destacó que "es una importante inversión del gobierno provincial en seguridad y política penitenciaria,  de la mano del Gobernador". Y añadió: "Tucumán se convierte en la cuarta provincia con mayor cantidad de este tipo de dispositivos".

En la oportunidad enfatizó "la importancia de liberar al personal policial de tareas relacionadas con detenidos para enfocarse en labores de seguridad ciudadana".

Además,  Agüero Gamboa se informó que "181 personas están listas para utilizar las pulseras de forma inmediata, sujetas a aprobación judicial, y se planea instalarlas pronto".

"Este proyecto se percibe como una inversión en el bienestar y la seguridad de la población, más que como un gasto", resaltó el funcionario.

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