En los últimos días se conoció que Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género y posteriormente se difundieron imágenes de la exprimera dama con moretones en su rostro y brazos. Ante esto, la diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para para modificar la Ley 24.018 y quitarle la pensión de privilegio y los honores correspondientes al exjefe de Estado.

“Alberto Fernández degradó la investidura presidencial a tal punto de ser el primer mandatario acusado de golpeador en la historia reciente”, aseveró la impulsora del texto. De igual modo, propició que “es necesario que los argentinos digamos fuerte y claro que este señor no merece ser tratado con los privilegios de un exmandatario por eso proponemos que cese de inmediato el goce de sus privilegios, entre otros, el beneficio de su pensión de expresidente y la custodia y honores que le otorga la Casa Militar”.

Además, se refirió a que “en caso de ser condenado por los delitos por los que está denunciado, que se lo inhabilite para ejercer cargos públicos o representar a nuestra Nación”. El proyecto lleva la firma de varios legisladores del bloque Pro como Emmanuel Bianchetti, Florencia De Sensi, José Núñez, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Matías Ranzini, Karina Bachey, Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez y Sergio Capozzi.

El proyecto propone la incorporación del artículo 5° bis a la ley 24.018, mediante el cual se busca la eliminación de la pensión otorgada a expresidentes en casos donde se presenten circunstancias específicas que lo justifiquen. Esta medida está dirigida a quienes hayan sido acusados de delitos graves, como violencia de género, violencia sexual, u otros delitos de similar índole.

También, propuso la modificación del artículo 119° del Código Penal, con el fin de establecer la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a las personas condenadas por los mencionados delitos. Con esta reforma, se pretende asegurar que quienes hayan cometido actos de violencia no puedan representar al Estado ni acceder a cargos en la función pública.

“Solo mediante un ejemplo de ejercicio de funciones de liderazgo íntegro, decente, honesto y honrado se puede garantizar que el ejercicio del cargo público se utilice para el beneficio de todos los ciudadanos, promoviendo un futuro en el que la justicia, la equidad y la prosperidad sean accesibles para todos”, concluye el proyecto de Giudici.

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