La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, que dirige Mariana Rivadeneira, solicitó una prórroga de la prisión preventiva para dos hermanos acusados de estafar a adultos mayores a quienes engañaban para apoderarse de dinero y bienes. De acuerdo a la teoría del caso, se hacían pasar por empleados del PAMI y se ofrecían para el cuidado y la realización de trámites de los adultos mayores para así ganar su confianza. 

Están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de víctima mayor de 70 años y que no puede valerse por sí misma (hecho ocurrido el 15 de mayo del corriente año), en concurso real con el delito de estafas reiteradas (por los ilícitos acontecidos desde octubre de 2023).

 La auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, pidió la extensión de las medidas de coerción de máxima intensidad y de la investigación penal preparatoria por 48 días. A continuación, la jueza interviniente hizo lugar a lo requerido teniendo en cuenta que se tratan de víctimas vulnerables, del daño a resarcir y la fecha prevista para la pericia científica (extracción de datos y análisis de las sábanas de las llamadas). 

“Los riesgos procesales (de fuga y de entorpecimiento) se ven acrecentados porque han mantenido contacto con testigos de la causa (por la proximidad y la cercanía que tenían con estas personas). No solo estamos esperando las extracciones de datos sino que hemos enviado oficios al PAMI para saber cuántas personas se presentaron como apoderados por lo que pueden surgir nuevas víctimas y otros testimonios”, argumentó la investigadora. En tanto, la defensa hizo reserva de impugnar lo resuelto. 

La investigación 

Se inició con la denuncia realizada por una mujer a la que le habían ofrecido ayuda con su abuelo de 83 años, que se trasladaba en silla de ruedas. Los sujetos, simulando ser enfermeros y personal del PAMI, se lo llevaron a un domicilio de Leales donde lo tuvieron cautivo durante varios días sin que la familia supiera nada. Con el transcurso de la investigación se pudo establecer que el hombre poseía un plazo fijo a su nombre con un monto cercano a los $11.000.000. Asimismo se encontró un poder que los sospechosos le habrían hecho firmar mediante engaños.

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