El Gobierno nacional afila sus medidas de recortes y elimina tres fondos fiduciarios clave para el desarrollo de la economía popular y el acceso a la vivienda, bajo los mismos argumentos -incomprobables- que implementa para otros cierres: irregularidades, incumplimientos de objetivos, etc. Se trata del "Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar" (PRODAF), el "Fondo Fiduciario Del Servicio Universal" (FFSU) y el "Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social".

Lo hizo a través del decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento. "Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente", se jactó el Gobierno en un parte de prensa.

Tras los incendios en Córdoba, Milei quitó el financiamiento a la Ley de Bosques El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. “Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”, indicó el parte oficial. Cuando la gestión libertaria destruyó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo acompañó de una fuerte campaña mediática en contra del dirigente social Juan Grabois, y plenteó los mismos argumentos relacionados al mal uso de fondos, clientelismo, etc.

Es decir, el Gobierno quitó la posibilidad de ampliar el financiamiento de proyectos en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) (para lo cual se utilizaban ingresos del Impuesto PAIS y otros aportes) y para sostener el apoyo social de la medida, creó una serie de fake news sobre Grabois y sus allegados. En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC (servicios de tecnologías de la información y la comunicación), con servicios pagados por los usuarios. “Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN”, añadieron.

El Ministerio de Economía subrayó que “entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera”. En tanto, en medio de un vaciamiento para con el sector productivo popular, el PRODAF había sido creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.

“En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”, argumentó el Gobierno.

InfoNews

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