El gobernador, Osvaldo Jaldo, tomó la determinación de desarticular la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, que está siendo investigada por la Justicia luego de la denuncia de usurpaciones de terrenos fiscales en El Mollar. Además, decidió iniciar sumario administrativo a dos empleados de la repartición.

Todo comenzó con las denuncia por venta ilegal de tierras en la Reserva Natural La Angostura.

“La investigación judicial involucra a ex funcionarios provinciales y también a empleados públicos. En ese contexto, el gobernador dispuso ayer una drástica medida. Mediante un decreto, ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como también el inmediato cese de sus autoridades y direcciones, en virtud de la ‘las investigaciones llevadas a cabo por el Poder Judicial en respuesta a las denuncias de usurpaciones en las que el Estado Provincial ha sido víctima, y han revelado la existencia de irregularidades’”, reza la publicación, al mismo tiempo que explica que “el instrumento asigna a la Dirección General de Catastro de la Provincia las funciones que por ley corresponden a dicho organismo, ‘especialmente actuar como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 5.670, ejercer las facultades de autoridad de aplicación de las disposiciones de la Ley N° 6.753, de adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 24.374 y entender en la regularización dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado Provincial con dicha finalidad o afectados mediante Ley Provincial a dicho fin, en el marco de la Ley de Emergencia Social y Habitacional N° 7.347".

El Gobernador se había referido al tema en la conferencia de la semana pasada y había remarcado el accionar judicial. “Después de mucho tiempo, recién se están tomando medidas realmente en serio, medidas que responden a una política no aislada solamente en El Mollar, sino en toda la provincia de Tucumán. En nuestro gobierno, vamos a hacer respetar la propiedad privada, tanto pública como fiscal, como privada del gobierno. No vamos a permitir usurpaciones”, había dicho Jaldo.

Por último, desde el matutino informan que “el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas de los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y de Pablo Rafael Trujillo; ambos se desempeñaban en la subsecretaria disuelta y están, según el decreto, ‘vinculados a la causa judicial’”.  

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