La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida bajo condiciones específicas, tras un extenso debate de 14 horas. La iniciativa, impulsada por el Frente Amplio, contó con apoyo de legisladores de la oposición y obtuvo 64 votos a favor y 29 en contra. Ahora pasará a una comisión del Senado para su análisis.

El texto establece que podrán solicitar la intervención médica para poner fin a su vida las personas mayores de edad, psíquicamente aptas y en etapa terminal de una enfermedad incurable que cause "sufrimientos insoportables". El pedido deberá formalizarse por escrito, ante testigos, y cumplir con varias instancias previas de evaluación. 

Para el diputado frenteamplista Luis Gallo, se trata de "un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas y de todos los involucrados en el procedimiento".

Federico Preve, también del Frente Amplio, sostuvo que la norma devolvería a Uruguay su papel como referente internacional en derechos, recordando leyes pioneras como el voto femenino, la regulación del cannabis y el matrimonio igualitario. 

En contraste, el legislador opositor Andrés Grezzi (Partido Nacional) cuestionó la idea de que sin esta ley las personas mueran indignamente, asegurando que "ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de vida sin dolor sin adelantar la muerte".
En Uruguay los cuidados paliativos están reglamentados, pero el Código Penal sanciona con prisión a quien ayude a cometer suicidio. Según una encuesta de Cifra realizada en abril, el 62% de la población apoya la legalización de la eutanasia y solo un 24% la rechaza. De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, el país seguiría el camino de Colombia, que en 1997 despenalizó la práctica por decisión judicial, y de Canadá, que la legalizó en 2016.

En Colombia, desde 2021 la eutanasia es accesible incluso a pacientes con enfermedades graves no terminales y en 2023 se realizaron unas 270 intervenciones, casi un 50% más que en 2022. En Canadá, 15.343 personas recibieron ayuda médica para morir en 2023, un aumento del 15,8% frente al año anterior. De concretarse, Uruguay sería el segundo país de América Latina en legislar sobre esta práctica. 

El Economista

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