El debate educativo volvió a encenderse tras la circulación de un borrador identificado como “Ley de Libertad Educativa”, cuya autoría aún no fue asumida oficialmente. La iniciativa generó un inmediato y contundente rechazo de referentes gremiales y organizaciones del sector, que denuncian un intento de privatización, desregulación extrema y retirada del Estado del sistema educativo argentino.

Uno de los pronunciamientos más fuertes llegó del diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quien calificó al proyecto como un acto de “terraplanismo educativo”. A través de un mensaje difundido en X, sostuvo que se trata de un “mamarracho” que “destrozaría el sistema educativo nacional” y que elimina la responsabilidad indelegable del Estado, transfiriéndola “directamente a las familias”.

Yasky enumeró una serie de características del documento: habilitación de educación en el hogar (homeschooling), incorporación de enseñanza religiosa en escuelas estatales, libre designación de “agentes educativos” sin requisitos profesionales, disolución de los estatutos docentes y de los mecanismos de acceso por concurso, diseño curricular a discreción de cada establecimiento y eliminación de los compromisos de financiamiento educativo establecidos por ley.

Para el dirigente gremial, la iniciativa constituye un retroceso hacia “la educación previa a la constitución de los Estados nacionales”, en contraposición con la Ley Nacional de Educación de 2006, que fue debatida en todas las escuelas del país antes de su aprobación.

A este duro cuestionamiento se sumó la CTERA, que emitió un comunicado en el que rechaza la propuesta por considerarla “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”.

La confederación docente advirtió que el borrador busca derogar la Ley de Educación Nacional (26.206) y reemplazarla por un esquema que define a la educación como un servicio sujeto a lógicas de mercado. Según señalaron, el texto “elimina la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación” y lo relega a un rol meramente subsidiario, en sintonía con los intereses de sectores privados concentrados.

La CTERA también cuestionó que la iniciativa promueva:

• Financiamiento educativo mediante vouchers a familias,
• Preeminencia de la familia como responsable principal, en detrimento del rol social de la escuela,
• Formación religiosa confesional dentro del sistema público,
• Restricción del derecho a huelga al declarar a la educación básica como “servicio esencial”,
• Instauración de evaluaciones punitivas y estandarizadas,
• Desregulación de los marcos laborales y sindicales del sector docente.

Para la organización, el proyecto constituye un intento de privatización y destrucción de la educación pública, y representa “un retroceso reaccionario que pretende llevarnos al siglo XIX”.

Aunque el Gobierno no reconoció como propio el borrador, su circulación generó alarma en el ámbito educativo y sindical. Tanto Yasky como la CTERA subrayaron que el carácter anónimo del texto no quita gravedad al contenido ni a la orientación que plantea.

El debate promete escalar en las próximas semanas, en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo y los gremios docentes, y con el sistema educativo en el centro de las discusiones sobre el modelo de país.