El director, Canto, explicó que cobrar un recargo por transferencias, pagos por QR o débito no tiene respaldo legal ni razonamiento económico válido: “Es tan absurdo como cobrarle a un cliente por usar el vestidor, por encender la luz para atenderlo o por el perfume ambiental del local. Son costos propios del comercio, no del consumidor. Además, los mecanismos electrónicos son servicios contratados por el comercio para aumentar sus ventas y ofrecer más opciones”.

El funcionario destacó que los impuestos gravan todas las ventas, inclusive las realizadas en efectivo, por lo que no pueden vincularse a los pagos electrónicos: “Los impuestos están siempre presentes, independientemente de cómo se pague”.

Canto recordó que los costos de los servicios electrónicos son mínimos y se encuentran regulados por la Ley 25.065, muy por debajo de los recargos del 10% o 20% que algunos comercios intentan imponer.

A modo orientativo, mencionó las siguientes comisiones reales:

-Transferencias y billeteras virtuales: en muchas plataformas, 0% de comisión; en otras, costos mínimos según el proveedor.

-Tarjeta de débito: comisión regulada entre 0,8% y 1%.

-Tarjeta de crédito (pago en un solo pago): comisión máxima aproximada del 2%.

“Estos costos son parte de la actividad comercial. Por eso el precio al consumidor debe ser siempre el mismo que en efectivo”, añadió Canto, quien también puntualizó que los impuestos —como el 21% de IVA y el 5% de Ingresos Brutos— aplican en todas las ventas y, por lo tanto, no justifican la transferencia de recargos adicionales al cliente según la forma de pago. La DCI tiene sus oficinas en 9 de Julio 497 – San Miguel de Tucumány en San Martín y Avellaneda – Concepción.

Panorama 24 

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