Cumpliendo instrucciones del titular, Diego López Ávila, la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, oralizó el convenio que establece la pena de dos años de cumplimiento condicional más reglas de conductas para el masculino (34 años) y las dos femeninas (madre e hija -de 60 y de 34 años respectivamente-). Entre ellas deberán fijar domicilio y la prohibición de acercamiento al inmueble de la víctima a una distancia de 200 metros. “Como ministros de culto se aprovecharon de las circunstancias personales de la víctima, en atención a que se trata de una mujer mayor con lentitud cognitiva. Los tres imputados de manera voluntaria restituyen de manera definitiva el inmueble (ubicado en el barrio Independencia)”, precisó la representante del MPF. Finalmente, el convenio pleno fue aprobado por la jueza actuante.

La teoría del caso

Desde enero de este año, los imputados, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría y abusando de su condición de preeminencia y autoridad religiosa por la condición de ministros de un culto reconocido, por la confianza especial que desde el 2023 la víctima depositó en ellos, y de la situación de extrema vulnerabilidad de la misma, de 85 años (con disminución de sus capacidades cognitivas caracterizadas por fallas en la memoria inmediata), y que aquella vivía sola en su vivienda, presionaron e insistieron en reiteradas oportunidades de manera constante para que les entregue la propiedad sita en calle Manuela Pedraza al 700 de Bella Vista (barrio Independencia) diciéndole que si no vendía su casa se iba a quedar sola y viviría en la calle.

En esas circunstancias, en el mes de junio el pastor, luego de una reunión por la religión en pasaje Tejerina al 500 de Bella Vista (barrio Belgrano), apartó a la anciana y ante la presencia de una persona que simulaba ser policía le dijo que firme un papel para que luego “no hablen tonteras”, por lo que la víctima procedió a firmar un boleto de compra-venta de su vivienda sin su consentimiento libre e informado como vendedora por un precio irrisorio de un $1.000.000 por la propiedad en cuestión dándole sólo el monto de $15.000.

Posteriormente, entre fines de junio y principios de julio los acusados a través del engaño procedieron a sacar a la señora de su vivienda, trasladando algunos de sus muebles e instalando los propios. Asimismo, cambiaron la titularidad de los servicios e iniciaron obras de remodelación (revoque y construcción de garaje). De esta manera privaron a la señora de la posesión que detentaba en forma pacífica e ininterrumpida de esa vivienda, impidiéndole su uso y goce exclusivo.

Luego del despojo del inmueble, hasta el 28 de julio, los acusados ejerciendo un control sobre la persona de la víctima procedieron a alojarla en una habitación que cerraron con llave en el domicilio de la madre de la imputada, en pasaje Tejerina al 500 de Bella Vista, impidiéndole su libre locomoción, traslado y comunicación con sus parientes, administrando o reteniendo su documentación y tarjeta de débito para el cobro de su beneficio previsional.

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