A través de un concesionario de compraventa de automotores, captaba a las víctimas por redes sociales y mediante engaños les pedía la entrega de sus vehículos para la venta futura, pero las personas damnificadas nunca recibían el dinero que había sido acordado. El monto de la cifra estimada del perjuicio causado, hasta el momento, supera los $180.000.000.

La investigación del legajo es desarrollada por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado en la audiencia correspondiente por el Auxiliar de Fiscal Rogelio Rodríguez del Busto.

Durante la misma, la Fiscalía requirió la ampliación de la investigación y la reformulación de los cargos en contra del acusado, a quien se le sumaron ocho nuevos hechos a las seis con los que ya contaba en su contra, por los delitos calificados como estafas reiteradas, en calidad de autor. La acusación pública también requirió la prórroga de los plazos de la etapa preparatoria.

El Auxiliar de Fiscal explicó que todos los hechos guardan una misma mecánica de estafa, siendo que el acusado, a través de una concesionaria de automotores de su propiedad, ubicada en Lucas Córdoba al 1.000, les pedía a las víctimas la entrega de sus vehículos para la venta futura, pero las personas damnificadas nunca recibían el dinero que había sido acordado.

De acuerdo a la acusación, el sujeto, presentándose como titular de la concesionaria denominada Digital Cars, dedicada a la compra y venta de vehículos y promocionando dicha actividad por medio de redes sociales, donde ofrecía servicios de intermediación y de comercialización de automotores en el noroeste argentino, generaba la confianza de las víctimas, quienes tenían intenciones de vender sus vehículos, haciendo entrega de los mismos.

Sin embargo, llegado el momento de cobrar los valores entregados, en algunos de los casos los cheques eran rechazados por falta de fondos, quedando la víctima sin el dinero pactado y sin el vehículo entregado, el cual posteriormente habría sido comercializado a un tercero; o bien el imputado se comprometía a devolver el dinero en breve, sin que hasta la fecha haya cumplido con dicha obligación.

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