Con el nuevo gobierno, a cargo de Jeanine Áñez, los primeros aumentos que golpean duro los bolsillos de los bolivianos llegaron en las facturas de electricidad y, básicamente, en Santa Cruz de la Sierra, aunque los especialistas sostienen que lo mismo pasará con el gas y con el combustible, y que se extenderá a todo el país.

El golpe llegó con las facturas que se empezaron a recibir en estos primeros días de diciembre. Decenas de miles de usuarios se encontraron con aumentos de hasta el 500% y estallaron en las redes sociales, al punto de crear un grupo de Facebook que aglutine sus reclamos.

La CRE, Cooperativa Rural de Electrificación, responsable del tarifazo, anunció que implementará un plan de pago para cada situación como toda solución. Y enumeró una serie de argumentos insólitos: primero dijo que durante los 21 días de paro cívico registrados por el estallido social que generó el golpe de Estado, sus trabajadores no pudieron medir el consumo de los hogares como lo hacen habitualmente, por lo que debieron hacer un promedio que “puede ser erróneo”. 

La segunda explicación fue que al estar parado el país durante estos y coincidir con la llegada del calor del verano, hubo más gente en las hogares porque no fueron a trabajar y la utilización de ventiladores y aires acondicionados “fue muy superior a la normal”. 

La tercera explicación se parece mucho a las que daba el exministro Juan José Aranguren cuando intentaba justificaba los aumentos en los servicios que determinaba el gobierno de Mauricio Macri. “Como no hubo clases en las escuelas durante todos esos días, los niños también estaban más tiempo en sus casas y posiblemente se abrían y se cerraban muchas más veces las puertas de las heladeras”, arriesgó Amilkar Jaldín, vocero de la CRE.

Desde la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) indicaron que no existe “aún” una normativa que modifique la tarifa eléctrica, algo que sí está previsto para los próximos meses por el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y que la situación actual de Santa Cruz de la Sierra debe ser resuelta entre los usuarios perjudicados y la CRE.

Fuente:eltiempoargentino

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