Nuevamente el country Los Azahares ocupa el centro de las miradas. Y otra vez por un hecho indignante: otro prepotente más que maltrata y amenaza a guardias de seguridad por el simple hecho de hacer respetar la cuarentena. Así como el médico homeópata Ernesto Prebisch, el funcionario del Poder Judicial de Tucumán, Alejandro Vallejo increpó, insultó y amenazó con armarle una causa judicial a un guardia que le tomó una foto mientras hacía actividad física por las calles internas del barrio privado.

“Escuchenmé, porteros. ¿Por qué no se preocupan a cuidar el country? No me rompan el ping*, por favor les pido. Así. Y si te lo tengo que decir de frente, te lo voy a decir de frente. Al que ha pasado recién (un guardia), que a ese lo tengo entre cejas, lo voy a hacer correr pal ping* a ese. Le voy a armar una causa penal y lo voy a hacer correr pal ping*. Así que pido, por favor, no me rompan el ping*. Dediquensé a cuidar, a informar quién viene y a levantar la barrera; nada más. Lo que pase adentro es problema mío como propietario. ¿Estamos? Nada más, gracias”. De esa forma, Vallejos, quien es prosecretario del Juzgado Correccional en lo Penal II, advertía a los guardias de turno sobre su futuro en caso de tomar algún tipo de medida correctiva.

El 6 de abril pasado, mediante resolución judicial, el Centro Judicial Capital instó a todas las empresas de seguridad privada a informar bajo apercibimiento de ley toda violación de las medidas contra la pandemia del Coronavirus, lo que incluye, entre otras cosas, la realización de actividades deportivas al aire libre.

“Todos los trabajadores de las empresas referidas precedentemente deberán poner en conocimiento de este Ministerio Público Fiscal, en forma inmediata, por vía telefónica mediante un mensaje de Whatsapp al número 3812380307 (Denuncias – MPF), la identidad de todas aquellas personas que realicen tareas o actividades recreativas, deportivas, sociales, de esparcimiento o cualquier otra violatoria de las medidas de prevención y seguridad adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19, dentro de los barrios privados, barrios cerrados, countrys, u otros consorcios en los que vuestras empresas prestan servicio”, reza un extracto del oficio N° 32, expediente 21103/2020.

A Vallejos no le bastó con amenazar a los guardias, también se comunicó con el administrador del barrio para demandarle el cambió inmediato de los agentes de seguridad bajo amenaza de hacerlo despedir a él si no cumplía con el mandado: “Escuchame, administrador. A ver. O me cambiás los porteros que hay o si no te voy a seguir molestando a vos hasta hacerte correr pal ping* a vos. ¿Estamos? O me cambiás, porque ya no puede ser que yo no pueda salir a la calle a buscar mi perro porque ya piensan cualquier cosa. Te pido por favor decile a tus porteros que no se metan conmigo; nada más te pido”.

El hecho cobra notoriedad casualmente el mismo día en que se conoce que a los tucumanos nos cuesta alrededor de $1.000 millones mensuales sostener a los judiciales por el asueto extraordinario y preventivo contra el Coronavirus. Una falta grave de un integrante del Poder Judicial, hoy paralizado y generando pérdidas a una sociedad que debe respetar las medidas so pena de sufrir provación de libertad y pasar a formar parte de los más de 3.000 tucumanos demorados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia por faltas similares a las de Vallejo.

Los audios de los insultos y las amenazas fueron del propietario a los guardias del barrio privado ya circulan en infinidades de grupos de WhatsApp. Son los que exponemos, a continuación:

Con info de eltucumano.com