La comisión de Protección de los Derechos de la Mujer de la Legislatura se reunió esta mañana para analizar los distintos proyectos presentados con respecto a la adhesión a la "Ley Nacional Micaela" (27.499), que prevé la capacitación obligatoria en materia de género entre la totalidad de los agentes de los tres poderes del Estado.

En el grupo de trabajo legislativo, el voto mayoritario se inclinó por el proyecto oficialista, que ya tenía la firma de 35 de los 49 legisladores. De todas formas, hubo un dictamen de minoría, que apoyó la iniciativa que establece una propuesta provincial, sin adherir a la norma federal.

La presidenta de la comisión, la oficialista Marta Najar, aseguró que el texto quedó en condiciones de ser aprobado en la sesión del jueves. “Esta ley es una anticipación a los hechos de violencia que están sufriendo las mujeres actualmente”, agregó. Y explicó que el dictamen de mayoría "establece el Programa de Capacitación Obligatoria en violencia contra la mujer y la familia, para todas las personas que integran los tres poderes del Estado provincial".

Por su parte, el dictamen de minoría fue impulsado por la bussista Sandra Orquera (Fuerza Republicana), quien además es vicepresidenta segunda de la Legislatura. La legisladora apoyó las iniciativas de su colega de bloque, Nadima Pecci, y del alfarista Raúl Albarracín, que establecen un sistema de capacitación alternativo a la Ley Micaela. Por lo tanto, Orquera será una de las representantes que defienda esta postura en el recinto, en la sesión del jueves.

La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (N° 27499) es una ley promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación en la República Argentina. Fue resultado de la movilización social tras el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias hacia los organismos del Estado en capacitación en perspectiva de género.

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