La respuesta fue ante la pregunta de dos legisladores de la oposición, Juan Manuel López y Rubén Manzi de la CC-ARI, quienes exigieron acceso a la información pública.

Desde la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti manifestaron que “distintos proveedores de la industria farmacéutica solicitaron al gobierno argentino condiciones tales como la prórroga de jurisdicción, indemnidad patrimonial y confidencialidad, en observancia de la situación en el mercado internacional de vacunas. Por ello, el Congreso sancionó la Ley 27.572 de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19″.

“No obstante, luego de publicada esta ley, Pfizer expuso en sus negociaciones la necesidad de contemplar cláusulas con mayores requerimientos que superaban las excepcionalidades previstas en la mencionada normativa”, expresa entonces el comunicado.

Y recalcaron: “Las dificultades en relación a la compañía norteamericana radicaron en dos problemas. El primero, fue el planteo de excluir la negligencia no sólo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. El segundo problema se relaciona con los criterios para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior. Estos son los dos puntos sobre los que no se ha llegado a un acuerdo”.

Pese a ello, el escrito destaca que “durante el mes de abril y al día de la fecha, Argentina retomó las conversaciones con el laboratorio Pfizer para avanzar en un posible acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid-19”.

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