El legislador José María Canelada advirtió que esta decisión debe ser una piedra basal, un mensaje para el Poder Judicial y un horizonte a seguir, no una gota de agua en el mar en medio de una interna política

"Esta decisión debe significar que no se tolerarán más funcionarios judiciales que le den la espalda a la mujeres que piden ayuda, por más amigos del poder que sean. Debe ser la piedra basal para terminar con esa impunidad que venía de la mano de la aceptación de la renuncia de Pisa por parte de Juan Manzur y del archivo de las primeras denuncias, por parte de la comisión", advirtió el parlamentario, autor del primer pedido de juicio político que recibió Pisa, en noviembre.

El parlamentario agregó que el juicio político a Pisa es una exigencia de una sociedad harta de ver que los casos de violencia de género chocan contra la indiferencia en el Estado. "Es incoherente no actuar contra los funcionarios que han actuado sin perspectiva de género en estos casos, con resultados trágicos, y al mismo tiempo decirles a las mujeres que sufren violencia que hagan la denuncia. Necesitamos un Estado que reaccione rápido, que las proteja y que castigue a quienes deben hacerlo y no lo hacen".

En ese sentido, agregó que Pisa es la cabeza visible de las denuncias de Paola, pero no fue el único que le dio la espalda. "Con la madre de Paola, Mariela, hemos presentado un pedido de juicio político contra la fiscala Mariana Rivadeneira, quien cerró dos causas de Paola por una supuesta falta de pruebas. Es un peligro tener esta clase de funcionarios en la Justicia y que sigan sin rendir cuentas de sus actos", exclamó.

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