En el caso de las aeronaves, el informe de la SIGEN señala que “no se encontraban en condiciones de vuelo y su potencial restante ya era bastante débil”, incluso “la Marina Francesa había dejado de utilizarlas”.

Con la adquisición de cinco cazabombardero, la Armada pretendía incrementar el adiestramiento de pilotos en 300 horas de vuelo anuales, evitando el éxodo de los mismos a la actividad aerocomercial y recuperar capacidad aeronaval. Sin embargo, de la auditoría se desprende que funcionarios con poder de decisión final en las compras desatendieron informes técnicos preliminares que advertían sobre el estado de las mismas y especificaban que resultaba “esencial” la obtención de “elementos críticos” para asegurar su funcionamiento, tales como la pirotecnia de los asientos eyectables y cabina, y el desarrollo de una inspección de los accesorios de oxígeno.

En ese sentido se sugirió analizar que varios de esos repuestos eran de origen inglés, por lo que resultaba necesario tener en cuenta la imposibilidad de adquirirlos ya que desde 1982 el Reino Unido no vende armamentos militares a nuestro país.

Entre las “falencias” que surgen del análisis, se señaló el “incumplimiento de plazos para la puesta operativa de los aviones; inexistencia de análisis técnicos y financieros previos que determinen etapas y actividades necesarias para poner a las cinco aeronaves en condiciones de vuelo”.

“Dichas falencias traen como consecuencia que las aeronaves no se encuentren en condiciones de prestar servicio, llevando 29 meses (a la fecha del relevamiento: octubre de 2021) sin estar operativas desde el momento de su recepción”, se concluyó.

Pero el ministro Oscar Aguad hizo caso omiso a las advertencias, realizó la compra y pago, por los aviones inutilizables y elementos complementarios, 12.550.000 euros. El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos, lo que costó un total de 1.346.255 euros, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.

Con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito - OPV indican que “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.

El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.

Fuente:m1

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