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TUCUMÃN
27 de febrero de 2019
Le hicieron la cesárea a la nena violada por la pareja de su abuela
La niña tiene 11 años, finalmente pudo interrumpir el embarazo que rechaza desde el principio y que ya había dicho que no quería seguir
Una niña tucumana de 11 años, víctima de violación, fue obligada a parir mediante una cesárea que no solicitó su familia y que fue practicada en la madrugada del miércoles, en el hospital Eva Perón, en Banda del Río Salí. Cursaba la semana 23 de gestación.
El embarazo había sido detectado hace más de un mes, el 23 de enero en un CAPS del noreste provincial. Luego, una semana después, su caso fue derivado al hospital Eva Perón, también conocido como Hospital del Este.
Funtes judiciales informaron que la niña había sido violada por la pareja de su abuela. "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", dijo la nena según consta en el acta judicial de la causa. Su madre también quería que se aplicara la Interrupción Legal del Embarazo por lo que ya había firmado su consentimiento para la práctica. En la noche del martes, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) dio a conocer un comunicado confuso en el que indicaba que harían lugar al pedido de la familia "en función de lo peticionado por la niña y su progenitora" y que se aferraba al fallo Fal, pero a la vez el texto informaba, en aspecto contradictorio, que "se continuarían con los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas". En esos momentos, un grupo de manifestantes habían llegado al hospital para exigir que se continuara con el embarazo.
Pasadas las dos de manañana, la ONG Andhes comunicó que la cesárea había sido realizada, pese a que la práctica no fue solicitada por la familia. "SIPROSA es responsable", afirmaron desde la organización. "Durante el procedimiento se presentaron agentes del Ministerio Público Fiscal que solicitaron datos personales a quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia", según Andhes. "Le practicaron una cesárea a Lucía, la expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir. Exigimos que funcionarios implicados en esta violación de los derechos de Lucía sean investigados y expulsados de sus cargos", informaron a través de Facebook desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán. "En Tucumán existe un Sistema de Salud perverso que la mantuvo presa hasta que avanzará la gestación y así poner excusas para obligarla a parir. Nunca le interesó la salud integral de la menor. No les interesó torturarla. Exigimos la renuncia de la Ministra de Salud Rossana Chahla. Qué por imponer sus creencias y su moral, se mantuvo al margen de lo que dice el Fallo FAL y el protocolo de ILE", señalaron desde la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir NOA. La ILE y el fallo Fal
En Argentina la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal. El cual prevé tres causantes: el peligro de la vida de la persona gestante, su salud o si proviene de una situación de violencia sexual.
En la misma línea, el fallo Fal, de 2012, determina que cualquier aborto de un embarzo producto de una violación no es punible tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción.
El caso de la niña jujeña
En enero trascendió el caso de una niña de Jujuy que también quedó embarazada por una violación. La niña de 12 años, respaldada por su familia, había pedido que le practicaran una ILE. El Gobierno jujeño había anunciado que se cumpliría con la voluntad de la víctima. Sin embargo, luego del anuncio, desde el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy informaron el 18 de enero que a la pequeña le habían realizado una cesárea. El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Alejandro Bouhid, señaló luego de la intervención que se daría en adopción a la bebé, pero sólo pesó 700 gramos y no sobrevivió. Boihid también señaló, según consignó El Tribuno, que "no está taxativamente escrito" lo vinculado a la edad gestacional ni al método a utilizarse. "Es todo interpretable", consideró. Asimismo calificó que se trató de "respuesta sanitaria a medida" de la menor. Asimismo, indicó que hay vacíos legales y que "los equipos de salud expuestos a que todo mundo realice juicios sobre su proceder".
Ante el caso, organizaciones que respaldaban el pedido de la niña denunciaron que el Sistema de Salud dilató el acceso a la ILE para obligarla a dar a luz. En esa oportunidad, la abogada tucumana Soledad Deza señaló al diario La Nación: "Lo más significativo acá es mostrar cómo un evento obstétrico adverso en la vida de una niña de 12 años y el curso de una alternativa terapéutica lícita como el aborto se transforma en territorio de disputa de sectores fundamentalistas por la violación de la confidencialidad médico-paciente del mismo ministro".
El embarazo había sido detectado hace más de un mes, el 23 de enero en un CAPS del noreste provincial. Luego, una semana después, su caso fue derivado al hospital Eva Perón, también conocido como Hospital del Este.
Funtes judiciales informaron que la niña había sido violada por la pareja de su abuela. "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", dijo la nena según consta en el acta judicial de la causa. Su madre también quería que se aplicara la Interrupción Legal del Embarazo por lo que ya había firmado su consentimiento para la práctica. En la noche del martes, el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) dio a conocer un comunicado confuso en el que indicaba que harían lugar al pedido de la familia "en función de lo peticionado por la niña y su progenitora" y que se aferraba al fallo Fal, pero a la vez el texto informaba, en aspecto contradictorio, que "se continuarían con los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas". En esos momentos, un grupo de manifestantes habían llegado al hospital para exigir que se continuara con el embarazo.
Pasadas las dos de manañana, la ONG Andhes comunicó que la cesárea había sido realizada, pese a que la práctica no fue solicitada por la familia. "SIPROSA es responsable", afirmaron desde la organización. "Durante el procedimiento se presentaron agentes del Ministerio Público Fiscal que solicitaron datos personales a quienes lo practicaron. El aparato estatal, con su dilación y manipulaciones, lleva a situaciones límite que revictimizan a la niña y repiten una y otra vez el ejercicio de la violencia", según Andhes. "Le practicaron una cesárea a Lucía, la expusieron a una tortura de dos meses, la obligaron a parir. Exigimos que funcionarios implicados en esta violación de los derechos de Lucía sean investigados y expulsados de sus cargos", informaron a través de Facebook desde el colectivo Ni Una Menos Tucumán. "En Tucumán existe un Sistema de Salud perverso que la mantuvo presa hasta que avanzará la gestación y así poner excusas para obligarla a parir. Nunca le interesó la salud integral de la menor. No les interesó torturarla. Exigimos la renuncia de la Ministra de Salud Rossana Chahla. Qué por imponer sus creencias y su moral, se mantuvo al margen de lo que dice el Fallo FAL y el protocolo de ILE", señalaron desde la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir NOA. La ILE y el fallo Fal
En Argentina la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal. El cual prevé tres causantes: el peligro de la vida de la persona gestante, su salud o si proviene de una situación de violencia sexual.
En la misma línea, el fallo Fal, de 2012, determina que cualquier aborto de un embarzo producto de una violación no es punible tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción.
El caso de la niña jujeña
En enero trascendió el caso de una niña de Jujuy que también quedó embarazada por una violación. La niña de 12 años, respaldada por su familia, había pedido que le practicaran una ILE. El Gobierno jujeño había anunciado que se cumpliría con la voluntad de la víctima. Sin embargo, luego del anuncio, desde el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy informaron el 18 de enero que a la pequeña le habían realizado una cesárea. El ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Alejandro Bouhid, señaló luego de la intervención que se daría en adopción a la bebé, pero sólo pesó 700 gramos y no sobrevivió. Boihid también señaló, según consignó El Tribuno, que "no está taxativamente escrito" lo vinculado a la edad gestacional ni al método a utilizarse. "Es todo interpretable", consideró. Asimismo calificó que se trató de "respuesta sanitaria a medida" de la menor. Asimismo, indicó que hay vacíos legales y que "los equipos de salud expuestos a que todo mundo realice juicios sobre su proceder".
Ante el caso, organizaciones que respaldaban el pedido de la niña denunciaron que el Sistema de Salud dilató el acceso a la ILE para obligarla a dar a luz. En esa oportunidad, la abogada tucumana Soledad Deza señaló al diario La Nación: "Lo más significativo acá es mostrar cómo un evento obstétrico adverso en la vida de una niña de 12 años y el curso de una alternativa terapéutica lícita como el aborto se transforma en territorio de disputa de sectores fundamentalistas por la violación de la confidencialidad médico-paciente del mismo ministro".
eltucumano.com
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