El último sábado (22 de abril), alrededor de las 11:40 horas, un sujeto de 18 años caminaba por calle Inca Garcilaso y pasaje Díaz Vélez de la ciudad capital llevando en su poder un revólver calibre 22 corto. El arma de fuego estaba cargada con tres cartuchos y lista para ser usada, sin la debida autorización legal para portarla. Al percatarse de la presencia policial, la arrojó a la calle. Sin embargo, terminó siendo aprehendido a los pocos metros mientras intentaba escapar.

En el caso intervino la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes IV, a cargo de Susana Cordisco, que solicitó que este lunes se lleve a cabo una audiencia a los fines de legalizar la aprehensión del joven y formular cargos en su contra. La auxiliar de fiscal, Jessica Corti, le atribuyó el delito calificado como portación ilegal de arma de uso civil, en calidad de autor.

Asimismo, la representante del MPF puso a consideración del juez una propuesta de suspensión de juicio a prueba (probation) convenida en forma conjunta con la defensa técnica del acusado. La misma consiste en el ofrecimiento por parte del acusado de 30.000 pesos, que serán destinados a una asociación civil donde funciona un comedor comunitario. Además, el imputado deberá realizar allí tareas comunitarias (mantenimiento) dos veces por semana. Finalmente, como último punto, tendrá que cumplir una serie de reglas de conducta.

Tras un cuarto intermedio, el juez interviniente resolvió hacer lugar a la probation y, en ese sentido, suspender por el término de un año el curso de la prescripción de la acción penal en la presente causa. Si el acusado incumple lo acordado, la causa continuará hasta, eventualmente, un juicio oral.

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