La Justicia argentina declaró este jueves “crimen de lesa humanidad” el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires por considerar que supuso una grave violación a los derechos humanos. La Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal de segunda instancia, dio por probado que Irán estuvo detrás del ataque que causó 85 muertos y unos 300 heridos y uno de los magistrados pidió reformas legales para que los acusados puedan ser juzgados en ausencia. El atentado, el mayor perpetrado en suelo argentino, sigue impune.

Según el fallo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, el atentado respondió “a un designio político y estratégico” de Irán y fue ejecutado por la organización terrorista Hezbolá. Los magistrados abrieron la puerta para que Argentina demande formalmente a Irán, que se ha negado a lo largo de tres décadas a colaborar con la Justicia local para que pueda sentar en el banquillo a los acusados. Se trata de siete sospechosos que tienen pedido internacional de Interpol y están protegidos en su país. Las leyes argentinas exigen que estén a derecho y nombren abogado para ser juzgados.

“Cuando se trata de delitos como el terrorismo que por su letalidad y magnitud de injusto agravian a toda la comunidad internacional, se impone de manera inexcusable la adopción por el Estado de procedimientos alternativos y complementarios que aseguren la posibilidad de impulsar los procesos y evitar así la impunidad de los autores, instigadores y cómplices”, escribió Mahiques para argumentar la necesidad de una reforma legal que permita juzgarlos en ausencia. “Un recurso de ese tipo que sería útil y adecuado en orden a factibilizar y garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo es el denominado juicio en ausencia”, señaló el magistrado.

En 2013, los gobiernos de los dos países firmaron un memorándum de entendimiento que pretendía crear una comisión de la verdad para investigar el ataque, pero el acuerdo nunca entró en vigor y dio lugar a una causa contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento de los autores del atentado.

La investigación judicial sobre este atentado ha sido uno de las más complejas de la historia argentina. Los primeros años fueron tan caóticos que se abrió una causa contra el primer juez instructor, Juan José Galeano, por pagar a un testigo para que señalara a policías como nexos locales de los terroristas que volaron la mutual judía situada en Buenos Aires. También se investigó al entonces presidente Carlos Menem por el presunto desvío de la investigación, pero Menem fue absuelto en 2019.

Este jueves, los jueces redujeron de seis a cuatro años la pena contra Galeano y condenaron a un año y nueve meses al exmecánico Carlos Telleldín por el cobro de una recompensa con dinero procedente de los servicios de inteligencia. Los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia fueron condenados a dos años de cárcel, la misma pena que para el militar Patricio Miguel Finnen.

En una entrevista radiofónica posterior, el juez Mahiques pidió estar atentos a que no vuelva a repetirse un atentado en Argentina. “Tenemos que estar pertrechados como Estado frente a una amenaza de estas características”, advirtió en declaraciones en Radio con vos.

El ataque contra la AMIA tuvo lugar sólo dos años después de que se produjese un primer atentado contra la Embajada de Israel, también en Buenos Aires, que causó 22 muertos y casi 250 heridos.

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Fuente:elpais

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