La que pasó fue una semana en la que Tucumán fue noticia a nivel nacional, e incluso tendencia en las redes sociales, tristemente, por las peleas callejeras de los estudiantes. Estos hechos trajeron a la memoria de muchos la muerte de Matías Albornoz Piccinetti, hecho que se produjo por una pelea de las mismas características en el 2017. 

Ante la exacerbada actitud violenta de los estudiantes, Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia firmó el decreto 1.290, en el que da luz ver al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial. Pero también planteó corresponsabilidades con los padres y con los establecimientos escolares. 

El primer mandatario provincial, sobre esto declaró: “Era necesaria la acción del Estado y no una reacción del Gobierno para evitar situaciones lamentables que ya vivimos en el pasado”. Y continuó: “No vamos a retroceder con las medidas preventivas. A esto había que darle un corte definitivo”

La medida fue cuestionada por distintos organismos de defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes, la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Nación advirtió que, el decreto podría causar una condena regional e internacional al Estado argentino, que derivarían en sanciones al país “por cuanto se trata de medidas inconstitucionales y violatorias del derecho internacional de los derechos humanos”, especialmente de esa franja etaria. 

Jaldo en tanto afirmó: “Lo que hicimos en Tucumán es defender la vida con acciones preventivas adoptadas por un Gobierno responsable y presente". Y sostuvo que las disposiciones adoptadas por su Gobierno, se mantienen para, “no lamentar la pérdida de un niño y las lágrimas de una madre”.

Medidas disuasivas

Ante todos los cuestionamientos propios y ajenos, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, aclaró que ella y Federico Nazur, secretario general de la Gobernación, tomaron todas las precauciones para no transgredir normas constitucionales, ni códigos penal ni civil, mucho menos los márgenes de acción de las fuerzas policiales. “No puede ser espectadora, sino que puede tomar medidas disuasivas para evitar aquella alteración del orden”, expresó en LG Play.

Ambos funcionarios se reunirán con el Gobernador este lunes.

Esto no terminó

Jaldo, manifestó que esta situación de violencia entre los estudiantes, "no terminó", lo dijo porque La División de Delitos Telemáticos de la Policía de la Provincia, que investiga los mensajes que se enviaron entre estudiantes los días previos a la gresca, y los grupos de WhatsApp donde se convocaba a los encuentros callejeros. 

Es más fue una importante fuente del Gobierno la que aseguró: “Las investigaciones en el caso de los estudiantes siguen, más allá de que hayan desaparecido algunos grupos. Vamos a instar a la Justicia para que actúe con los elementos que estamos recabando y que resultan sospechosos”.

“Muchos de ellos deberían estar trabajando en la prevención del delito. Sin embargo, se los afectó a este operativo porque tienen saben cómo encarar este tipo de situaciones”, explicó Jaldo, al hablar de por qué tuvo que disponer de las fuerzas especiales de la Policía para disuadir otros enfrentamientos entre estudiantes. 

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