La polémica en torno a las dietas de los senadores sigue siendo un tema candente en el Senado. El pasado jueves, tras la expulsión del senador Edgardo Kueider, la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó la necesidad de congelar los haberes parlamentarios, que están programados para actualizarse automáticamente el 1° de enero de 2025.

Villarruel explicó ante la prensa que, aunque no es senadora y no toma decisiones directas, considera que este congelamiento es un gesto necesario frente al esfuerzo económico que enfrenta la población. Hizo referencia a una resolución de agosto que desconectó las dietas de los senadores de los aumentos acordados para los empleados legislativos, estableciendo un desenganche temporal que caducará el 31 de diciembre de 2024. Si no se toman medidas antes de esa fecha, las dietas volverán a estar vinculadas a los aumentos paritarios, llevando los ingresos de los senadores a un estimado de 9,5 millones de pesos mensuales.

Resoluciones anteriores y posibles escenarios

En abril de 2024, el Senado había aprobado a mano alzada un esquema que enganchaba las dietas de los senadores con los aumentos de los empleados legislativos. Esta medida generó fuertes críticas, incluyendo las del presidente Javier Milei. En respuesta, el Senado votó en agosto el desenganche y retrotrajo los incrementos, pero la resolución tendrá vigencia solo hasta el 31 de diciembre. A partir de enero de 2025, los aumentos para los senadores volverán a activarse automáticamente si no se toma una acción específica para extender el congelamiento.

Villarruel podría firmar un decreto que mantenga la suspensión de los aumentos, aunque esto requeriría el respaldo de los presidentes de los bloques políticos. Sin ese consenso, la vicepresidenta no tomaría decisiones unilaterales, dejando en pausa cualquier resolución hasta que se reanude la actividad legislativa.

Proyecto de UxP: limitar los ingresos de las máximas autoridades

En paralelo, el interbloque Unión por la Patria (UxP) presentó un proyecto de ley en abril para fijar un límite máximo a las remuneraciones de las principales autoridades de los tres poderes del Estado. Este tope equivaldría a 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, lo que actualmente sería 5,44 millones de pesos mensuales. La iniciativa también busca separar las discusiones salariales de los trabajadores estatales y los altos funcionarios, proponiendo que el Consejo Nacional del Empleo y el Salario sea el espacio para regular estos parámetros.

El proyecto todavía espera tratamiento en las comisiones pertinentes, mientras las críticas y tensiones políticas crecen en torno a los privilegios salariales de los legisladores y otros funcionarios de alto rango.

La Unión

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