Un supuesto líder de la secta umbanda fue puesto tras las rejas en el marco de una causa que investiga la Justicia Federal y así se desbarató una red de explotación sexual que captaba mujeres varias de ellas menores de edad  en situación de extrema vulnerabilidad.

La causa por infracción a la Ley de Trata de Personas, que es investigada por la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Indiana Garzón, se inició de acuerdo con un relevamiento del personal del Departamento Trata de Personas y Delitos Conexos.

Pese al hermetismo con el que se investiga la causa, se supo que las averiguaciones determinaron que Rubén Matías Santa Cruz, de 67 años, a través de la religión que practicaba, captaba a las víctimas para luego explotarlas sexualmente.

Según la incipiente investigación, el principal detenido practicaba rituales umbanda, y a través de estas celebraciones reunía a mujeres de bajo recursos, a las cuales luego tenía bajo un constante sometimiento.

Las víctimas ahora reciben acompañamiento y contención a través de los organismos especializados del Estado.

Tras las evidencias recolectadas, la Dra. Garzón solicitó allanamientos. Así fue como —con orden del Dr. Guillermo Molinari— se allanó en un inmueble ubicado en calle Monte de Oca del barrio Cáceres, donde se concretó la detención del imputado, quien se encontraba bajo la lupa de la Justicia Federal desde hace varios meses.

El personal secuestró dispositivos electrónicos, prendas de vestir, armas y diversos elementos vinculados a la causa investigada. Asimismo, se incautaron objetos que podrían estar relacionados con prácticas rituales, los cuales serán sometidos a peritajes.

En simultáneo, otro equipo llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del Pasaje San Esteban, en el Bº Reconquista, donde también se secuestraron otros elementos tecnológicos, que fueron puestos bajo custodia policial para su análisis.

La investigación permitió identificar a numerosas víctimas, tanto mayores como menores de edad, quienes habrían sido explotadas sexualmente dentro y fuera de los domicilios allanados.

La investigación continúa para establecer la existencia de posibles cómplices, redes vinculadas o derivaciones del delito, con el objetivo de garantizar justicia y asistencia integral a las personas damnificadas.

El Liberal

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